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CRIMINALIZACIÓN DE LAS PROTESTAS

PRAVIA 11 (mayo – junio 2014)

Por: Lee Iwan.

El Delito de Terrorismo fue modificado de nuestra Constitución en 2013, los medios la dieron a conocer como la “criminalización de las protestas”. Resulta importante comprender su alcance y contenido, ya que afecta el ejercicio de nuestros derechos humanos, sociales y constitucionales. Como preámbulo, es imprescindible hablar del Delito de Disolución Social.

Delito de Disolución Social

A partir del 14 de noviembre de 1941, se reformó el Código Penal Federal para incluir el artículo 145, el cual estableció el delito de disolución social que a grandes rasgos criminalizaba el difundir propaganda política contraria al gobierno, convencer personas a que realizaran rebeliones, obstaculizar el funcionamiento de instituciones de Gobierno, realizar actos de provocación que alteren el orden público, destrucción de instalaciones de la Nación o particulares, entre otros.

Anteriormente el gobierno utilizaba el delito de disolución social para detener a cualquier persona con opiniones contrarias a las del partido en poder, sin embargo, el abuso de éste llegó a su punto de quiebre en la matanza de Tlatelolco en 1968, provocando que la disposición fuera removida del Código Penal Federal.

Delito de Terrorismo

El 26 de diciembre de 2013, se publicó la reforma más reciente a nuestro Código Penal Federal, a través del cual se adicionó el artículo 139 que habla sobre el delito de terrorismo, el cual se cita:

“Artículo 139.- Se impondrá pena de prisión de seis a cuarenta años y hasta mil doscientos días de multa, sin perjuicio de las penas que correspondan por los delitos que resulten, al que utilizando sustancias tóxicas, armas químicas, biológicas o similares, material radioactivo o instrumentos que emitan radiaciones, explosivos o armas de fuego, o por incendio, inundación o por cualquier otro medio violento, realice actos en contra de las personas, las cosas o servicios públicos, que produzcan alarma, temor o terror en la población o en un grupo o sector de ella, para atentar contra la seguridad nacional o presionar a la autoridad para que tome una determinación.

La misma sanción se impondrá al que directa o indirectamente financie, aporte o recaude fondos económicos o recursos de cualquier naturaleza, con conocimiento de que serán utilizados, en todo o en parte, en apoyo de personas u organizaciones que operen o cometan actos terroristas en el territorio nacional.”

En pocas palabras y en lo que me interesa hacer énfasis es en tener en cuenta que si cumplimos con la siguiente lista de actividades, estamos cometiendo el delito de terrorismo:

  • Utilizar un medio violento.
  • Realizar actos contra personas, cosas o servicios públicos.
  • Producir alarma, temor o terror en población, grupo o sector.
  • Atentar contra la seguridad nacional o presiones a la autoridad para tomar una determinación.

Me parece que la Ley debió ser más precisa, ya que deja sin contestar algunas preguntas:

  1. ¿Qué parámetro se utiliza para estimar “alarma, temor o terror”?
  2. ¿A qué se refiere por población, grupo o sector? ¿Qué cantidad de personas se requiere para diferenciar esos términos?
  3. ¿Cuándo se considera que se está presionando a la autoridad o esto lo determinará la misma autoridad cuando se sienta presionada?

En esas ambigüedades de la Ley, es que la autoridad puede atropellar nuestros derechos humanos, sociales y constitucionales, ya que pudiera utilizarse como se utilizaba el Delito de Disolución Social hace uno cuantos años, para controlar y callar a grupos o personas que contradigan la opinión del gobierno.

Otro hecho que vale la pena señalar, es que dentro de los razonamientos propuestos por el Gobierno al Congreso de la Unión para modificar el artículo 139 del Código Penal Federal, expresó lo siguiente:

“Es importante mencionar que se adiciona el último párrafo al Artículo 139 en comento para señalar de manera expresa que las manifestaciones que realicen grupos sociales en el ejercicio de los derechos humanos, sociales o cualquier otro derecho constitucional con el fin de presionar a la autoridad para que tome una determinación, sin atentar contra bienes jurídicos de personas, no se considerarán como terrorismo.”

Lo único malo fue que el Congreso de la Unión jamás adicionó tal párrafo del artículo 139, en donde se suponía que debía hacerse la precisión de que no se considera terrorismo cuando se realice en ejercicio de derechos humanos, sociales o constitucionales, lo cual podría suponerse que también quiso prohibir tales conductas.

México cuenta con un antecedente directo de represión a la protesta en defensa de derechos sociales; pero también contamos con una historia de abusos a este derecho que alteran el orden público y afectan los derechos de ciudadanos como nosotros. En lo particular pudiera afectar la imagen de México ante los países inversionistas interesados en participar en la reforma energética por ejemplo, posible justificación institucional para dar una imagen firme ante la comunidad internacional.
La adición al artículo 139 podrá regular de manera efectiva los plantones y manifestaciones, sin embargo, lo que me preocupa es, que el delito contra el terrorismo es un perro guardián que le hace falta un bozal, que nos proteja contra los excesos que pudiera cometer el gobierno, contra personas o grupos que pretendan hacer ejercicio de derechos humanos, sociales o constitucionales.

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